Nos han llegado algunos correos
electrónicos de profesionales muy preocupados por una cuestión con la que
seguramente algunos/as de vosotros/as os sentís identificados/as.
Son varios los profesionales de
los servicios sociales básicos que al encontrarse con todas las prestaciones de
la Junta bloqueadas (AES/IMS/ etc…) han de recurrir en sus municipios a la
búsqueda de recursos alternativos en grupos de Cáritas y/o Voluntarios de Cruz
Roja.
Estos profesionales sienten que
traicionan su código deontológico cuando han de explicar a la señora voluntaria
de la parroquia rural y colaboradora del grupo municipal de Cáritas o el voluntario de Cruz Roja el porqué y/o
para quien necesitan una cuantía económica para paliar las necesidades más básicas
de una familia que quizás solicitó un Ingreso Mínimo de Solidaridad allá por
septiembre de 2012 y no han obtenido respuesta.
¿Dónde quedan los principios de
nuestra profesión? Máxime, explican ,cuando la señora de Cáritas o de Cruz Roja
emite un juicio “moral” sobre la persona o unidad familiar sobre la que se pide
ayuda.
Siempre desde el respeto a la
gente que dedica su tiempo libre al voluntariado. Y aclarando que estas
situaciones se están dando en entornos rurales, donde dichos grupos no cuentan
con técnicos.
Abrimos una reflexión en este
Blog, e invitamos a que opinéis bajo este epígrafe. Gracias.
