Unos 70.800 empleos en servicios sociales,
2,6 millones de beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la
familia, inserción social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000
plazas en residencias de mayores están en el aire como consecuencia de la reforma de la Administración local, una ley
que el Gobierno prevé aprobar en breve. El sector ya venía avisando de que esta
reforma aboca a la privatización o cierre de estos servicios que prestan los
Ayuntamientos. Ahora, un sencillo pero exhaustivo cálculo, basado en documentos
oficiales sobre presupuestos, plazas residenciales, empleo y