Justo
estos días el Consejo de Europa critica a España de los gastos municipales
irracionales, al mismo tiempo que indica que prohibir a los municipios que ejerzan competencias en
servicios sociales podría “entrar en conflicto con la Carta Europea de
Autonomía Local”. Y lo que es peor, amenaza con crear “una distinción entre
municipios ricos y pobres, estando los primeros más capacitados para asumir
nuevas responsabilidades”, y los segundos limitados a seguir sobreviviendo.
Solo ven una salida para que esto no suceda: que el Estado se rasque el
bolsillo y financie “adecuadamente” las ciudades y pueblos y permita mejorar la
autonomía fiscal de los municipios. Por ejemplo, reemplazando impuestos
suspendidos como el Impuesto de Actividades Económicas por otros “que permitan
un nivel similar de ingresos”.
Es
justo lo contrario de los que nuestras distintas administraciones quieren
hacer.
Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,
el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
local que el Gobierno ha
remitido a tramitación parlamentaria,
supone un grave
atentado al
