Análisis de los Presupuestos Generales del Estado y su brutal ataque a los Servicios Sociales

En el enlace que os indicamos podéis leer el pormenorizado análisis que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace de como los Presupuestos Generales del Estado de 2012, le dan un hachazo mortal al Sistema Público de SS.SS. y las consecuencias en cada uno de los recursos, programas, prestaciones, y lo más importante el impacto en la sociedad.

Os animamos a leer este interesante documento y a distribuirlo entre vuetros/as conocidos/as

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El tijeretazo en servicios sociales afectará a miles de familias

La rebaja del presupuesto limará los recursos de albergues o ayuda a domicilio

El sector teme que se desmorone el empleo

El Gobierno reduce un 45% los fondos para políticas de salud pública

Adiós a la conciliación familiar

Los servicios sociales básicos son para las personas pobres o con necesidad de asistencia pública como el médico de familia ante los primeros síntomas de enfermedad. Es la primera puerta a la que se llama, donde habrá un trabajador social que atenderá a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, a los menores en desamparo, a los que no les llega para agua, luz, calefacción, a personas sin hogar y en riesgo de exclusión, pero también gestionan las clásicas ayudas a domicilio, por ejemplo.------(sigue)------>

Los servicios sociales básicos sufren el mayor recorte en décadas. Nos retrotraemos a los años 80.

(Extraido del Diario El País del 3 de Abril de 2012)

El presupuesto para la atención a la dependencia sufre un nuevo recorte, un 5,7% sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior, una cantidad que, traducida a cifras reales, supone 81 millones de euros menos. Pero a esos 1.326 millones en que se queda la atención a la dependencia, dice el Gobierno, han de sumársele 81 millones para gastos de funcionamiento y operaciones de capital, con lo que la cifra total sería de 1.407 millones. Pero hay que tener en cuenta que ya el viernes pasado se supo que caía entera la partida de 283 millones que el Gobierno repartía entre las comunidades autónomas para la gestión de esta ley. Por tanto, el recorte es inapelable.---(sigue)---->