Esta
es la moción que en estos días se va a votar en los Ayuntamientos de Castilla
la Mancha. Léela con atención, y cuando sea en tu pueblo acude.
Una
vez votada veremos el posicionamiento de los alcaldes y los concejales de cada
localidad. Es importante que acudas a dicho pleno y que invites a hacerlo a la
ciudadanía en general y a los/as usuarios/as y familias de los servicios
sociales en particular. Personal, usuarios y familiares de Viviendas de
Mayores, Residencias, Centros de Día, Servicios de Estancias Diurnas,
Guarderías Municipales, Albergues, Centros Municipales de Discapacitados,
Servicios Sociales de Atención Primaria, etc…
Todos
estos servicios se ven abocados a su desaparición. Llenemos los salones de
Plenos de nuestros Ayuntamientos y comprobemos si nuestros concejales/as están
al servicio de la ciudadanía o de aquellos que nos quieren destruir.
MOCIÓN
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE CASTILLA - LA MANCHA
POR LA DEFENSA, CLARIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS
MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Exposición de Motivos
La reciente aprobación por el Consejo de Ministro de La Ley 27/2013 de 27 de diciembre
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ;
supondrá el desmantelamiento efectivo
del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar
Social en nuestro país.
En particular, nos referimos al Artículo Primero, base ocho, que da una
nueva redacción al Artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora
de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y
específicamente de los Servicios Sociales. Tras esta nueva redacción, tal
artículo genera incertidumbre y preocupación social, cuando señala que la única
competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones
de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social”.
LOS AYUNTAMIENTOS SERAN
MEROS EVALUADORES Y DERIVADORES DEL RIESGO
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema
de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales.
La nueva Ley ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta
años en España y que ha adquirido
identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de
nuestro Estado del Bienestar.
En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales deben ser una parte
fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna,
junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La Constitución los
enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal
que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una
forma o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; es decir, es
el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que
establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, los
servicios sociales han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través
de las corporaciones locales.
DENUNCIAMOS LA CREACIÓN DE
UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA
A partir de la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se
disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado
Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en
el que los derechos sociales de ciudadanía no quedan garantizados, por la
imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación
ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales
desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la
gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas
administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su
realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las
que, como en el caso de las Diputaciones, no han votado.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA
DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS
En la actual Ley se observa que en el único punto del articulado donde se
hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en el artículo
26, donde se estipula que: “la Administración del Estado y las de las
Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000
habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado -c. Prestación
de los servicios sociales…”.
Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la
voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las
Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que configuran el Estado. Esta medida
supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, la
pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la
cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos a
la misma.
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la
definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar
de la “prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social”
(ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información,
de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social” (nueva redacción).
Esto implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los
derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio.
NO CONSENTIREMOS QUE SE
TIREN POR LA BORDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS
Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos sociales en nuestro país.
Es justo reconocer que
contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico formado,
competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de Servicios Sociales.
No tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de
la cohesión social, el desmantelamiento del sistema de servicios sociales de
atención primaria y comunitaria. No es el momento de tirar por la borda los
logros conseguidos.
El
Gobierno está destruyendo el sistema de
servicios sociales en su red básica, a pesar de que este sistema es más
eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No hay detrás de ello ni un razonamiento
económico científico serio, ni un análisis pormenorizado de los impactos
reales en la población.
Las
comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se equivoque, estos servicios no se privatizarán, simplemente
desaparecerán. Esto no es la sanidad.
Atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas NO ES
NEGOCIO. Eso sí, se abrirán de par en par las puertas de la limosna
tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia.
Cuando en pocos años surjan
entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán
ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva, ni
paliativa, más allá de la respuesta policial.
PROPONEMOS
En consonancia con las propuestas formuladas por los actores y agentes
sociales significativos, ante la nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, los representantes del grupo
municipal de ______________, proponemos a la sociedad y a los poderes públicos
en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la
expresión de los Servicios Sociales Municipales.
Compete a los Ayuntamientos, por sí solos o agrupados, a través de un nuevo sistema de financiación municipal
adecuado y suficiente, el nivel de atención primaria, que debería de
integrar, como mínimo, la siguiente
cartera de prestaciones:
-
Información, valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones
de necesidad.
-
Ayuda a domicilio y apoyo a
la unidad de convivencia.
-
Ayudas económicas de
emergencia social.
-
Intervención y mediación
familiar.
-
Prevención, intervención e
inserción, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o
situación de exclusión social.
-
Acompañamiento en los
itinerarios de inclusión social.
-
Adopción de medidas de protección
de menores en situación de riesgo.
-
Atención primaria a mujeres
víctimas de violencia de género.
-
Atención primaria a la
tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.
-
Alojamiento de urgencia.
-
Servicios de promoción y
dinamización comunitaria, y voluntariado social.
Por ello, el GRUPO MUNICIPAL DE ____________ presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del
papel de los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades,
la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido
vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos,
descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.
2. Solicitar la modificación o la retirada por parte del
gobierno de la Ley
27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local y afrontar una reforma de la
administración local que garantice una financiación municipal adecuada y
suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios
públicos básicos a los ciudadanos.
3. Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del
Estado, nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos
sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de desarrollo
socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social.
4. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al
Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla La
Mancha , y a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes
Regionales, a la Junta
de Gobierno de la FEMP, así como a los colectivos profesionales que representan
a la/os trabajadora/es. de los
servicios sociales (Colegios Profesionales, Asociaciones de defensa de
servicios sociales, etc.).
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