La justicia tumba los recortes de Cospedal a la Ley de la Dependencia en Castilla la Mancha

ANTE EL VARAPALO DE LOS TRIBUNALES A LOS RECORTES DE COSPEDAL A LA DEPENDENCIA. ES IMPORTANTE QUE LEAIS ESTO Y SOBRE TODO QUE LO COMPARTAIS LO MÁXIMO QUE PODÁIS

Analizando la ST del TSJCM 166-2015 del pasado 9 de marzo por la cual se anula la Orden de 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que establece el catálogo de servicios y prestaciones de Dependencia en la región y establece las compatibilidades entre servicios y prestaciones, se deducen las siguientes consecuencias:

Dice el Tribunal Supremo que la anulación de una norma reglamentaria llevada a cabo por el órgano judicial competente del orden contencioso-administrativo produce la eliminación de dicha norma con efectos “ab initio”, es decir, conlleva privar radicalmente a dicha norma de todo efecto jurídico, ¿qué significa ésto? Pues que todas aquellos expedientes de Dependencia tramitados y resueltos conforme a esta Orden SON NULOS, NO TIENEN EFECTOS JURÍDICOS, o sea que serían todos los presentados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, que fue el 8 de agosto de 2013 hasta la actualidad. Esto supone que quien recurra su resolución PIA tiene todas las posibilidades de ganar.

¿A quienes les afectará? Pues a todas aquellas personas que a raíz de esta norma han visto como:

•             La Administración revisaba de oficio su PIA y les extinguía la prestación económica de cuidados familiares que venía percibiendo o se la reducía conforme a dicha norma.

•             Se les hacía elegir entre dos servicios que hasta el momento eran compatibles, como por ejemplo entre Servicio de Ayuda a Domicilio de alta intensidad y Servicio de Centro de Día

•             Se les hacía elegir entre seguir percibiendo una prestación económica y recibir un servicio.

•             O han visto como se les revisaba su grado de dependencia sin haberlo solicitado y se les rebajaba el grado conforme a un nuevo baremo que no era el mismo por el que inicialmente se les valoró....y todo para que se les quitaran derechos, prestaciones y servicios.

¿Qué supondrá para la Administración Regional?

Pues inicialmente un "bochorno político vergonzoso", por haberse saltado un trámite reglamentario como es la consulta al Consejo Consultivo que es preceptivo cuando una norma reglamentaria desarrolla una Ley, en este caso la Ley 39/2006 en nuestra región. Bochorno que ya tiene algún precedente como fue la Sentencia que anulaba la amortización de plazas y despidos del personal funcionario interino realizado en agosto de 2012.

Precisamente, el responsable de la metedura de pata del "escándalo de los interinos", el Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, D. Leandro Esteban, en un acto de ineptitud jurídica y política por su parte, ha declarado en el día de hoy que se trata de un "mero defecto de forma" y que se aprobará un nuevo Decreto que si que tendrá el preceptivo informe del Consejo Consultivo, pero no nos dice este señor que este nuevo decreto no sustituirá en el tiempo a la Orden anulada, sino que tendrá efectos jurídicos al día siguiente de su publicación. Y entonces, Sr Esteban ¿qué ocurre con todos los expedientes administrativos resueltos entre el día 8 de agosto de 2013 y la actualidad?

Pues yo se lo digo, Sr Esteban, que tendrá un "aluvión" de recursos contencioso-administrativo que casi con toda seguridad, supondrá la "paralización" de la propia administración de justicia en el orden contencioso, y la paralización posterior de la Administración regional en la gestión de los procedimientos administrativos, en tanto que se obligará a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a retornar a la situación inicial todos los expedientes resueltos conforme a una normativa que es nula de pleno derecho, a revocar resoluciones, a resolver de nuevo, a pagar atrasos a los que se les redujo o quitó la prestación, a compensar por daños y perjuicios a quienes se les privó de servicios ilegalmente, etc, etc.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que tanto el sr Leandro Esteban y el sr Echaniz, deberían dimitir inmediatamente, porque por suerte, la justicia está actuando e interviniendo y ha quedado demostrado que NO TODO VALE, UNA MAYORÍA ABSOLUTA NO PERMITE HACER A UN RESPONSABLE PÚBLICO LO QUE LE DE LA GANA POR RECORTAR Y PRIVAR DE DERECHOS A LOS CIUDADANOS.

Desde esta Marea, animamos a los ciudadanos afectados, a las plataformas en defensa de la dependencia y a los profesionales de los servicios sociales de atención primaria a que se informe de estas consecuencias y a que se presenten los recursos contenciosos-administrativos correspondientes ante este verdadero atropello, que se ha demostrado que fue aprobado de forma completamente ilegal.