Unos 70.800 empleos en servicios sociales,
2,6 millones de beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la
familia, inserción social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000
plazas en residencias de mayores están en el aire como consecuencia de la reforma de la Administración local, una ley
que el Gobierno prevé aprobar en breve. El sector ya venía avisando de que esta
reforma aboca a la privatización o cierre de estos servicios que prestan los
Ayuntamientos. Ahora, un sencillo pero exhaustivo cálculo, basado en documentos
oficiales sobre presupuestos, plazas residenciales, empleo y
usuarios, viene a
poner cifras a ese riesgo aún incierto.
La norma contempla retirar las
competencias en servicios sociales a las entidades locales —las que conocen más
a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atención más cercana— y
trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonomías.
Ese tránsito de titularidad se producirá
en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas,
que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que
difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán
finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las
prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o
privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público
sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.
“Las consecuencias no pueden ser más graves”,
advierte José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme “el abandono
de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de
auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones.
La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal
(que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan
Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay
1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la
tijera.
En la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales prefieren no pronunciarse sobre los
efectos de la ley hasta que “no esté aprobada y entre en vigor”, según trasladó
un portavoz a este diario.
Hasta ahora, los municipios de más de
20.000 habitantes tenían la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y
así lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido
desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores,
prestaciones de apoyo a la familia, de prevención e inserción social,
comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes o
cualquier otro recurso que consideraran necesario.
La última
versión de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, con fecha de 15 de julio, elimina la responsabilidad de la prestación de
servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la
“evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social”. Es decir, a poco más que
una ventanilla de derivación. Aunque se deja la puerta abierta a delegar los
servicios sociales a los municipios a criterio de la comunidad autónoma.
Se trata, con todo ello, de “evitar
duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización
administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que
casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que
ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran
necesarios.
La ley concede un año para transferir
estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios
sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán
establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es
decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías
obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.
A partir de datos públicos, la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto números al
impacto de la norma. Por ejemplo, los 70.817 puestos de trabajo en juego. O los
dos grandes grupos de prestaciones municipales que están en peligro: la ayuda a
domicilio (un programa de apoyo a actividades diarias en el hogar que atiende a
648.738 personas) y el servicio de apoyo a la familia (un recurso que cuenta
con 519.046 beneficiarios). Con el resto de actividades de prevención e
inserción social que desarrollan las entidades locales afectadas por el cambio
legal se atiende a 1,4 millones de personas. A estos datos, que responden a la
evaluación del Plan Concertado de Servicios Sociales de 2011, habría que añadir
las prestaciones de Navarra y País Vasco, que no están incluidas en este
documento. Y otros servicios, como las residencias de mayores y los pisos
tutelados gestionados por entidades locales, que ascienden a 32.440 plazas,
según el registro de centros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Los gerentes de servicios sociales
reclaman que la nueva ley de la Administración local respete el peso de los
municipios en la acción social. Y recuerdan que las autonomías con un sistema
más descentralizado son las que cuentan con una mayor eficiencia y eficacia en
su oferta de prestaciones.
La nueva ley
Disposición transitoria segunda
1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que
se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías,
que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la
racionalización del servicio.
2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa
elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de
los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura
inmediata de dicha prestación.
5. Transcurrido
un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de
su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán
prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se
transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las
transferencias [Estatales].
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tu opinión y comentarios, es muy importante para todos.
Muchas Gracias!!