jueves, 4 de abril de 2013

Los trabajadores sociales, preocupados por el empuje del gobierno a la privatización de los servicios sociales


El Consejo General del Trabajo Social (Cgts) ha advertido de que la reforma de la Administración Local potenciará la privatización de la gestión de los servicios sociales de base, lo que supondrá "que millones de familias pierdan sus derechos ciudadanos".
El citado organismo emitió este jueves un comunicado en el que alerta de la preocupación creciente entre la profesión por la desprotección de las familias que derivará de la eliminación de competencias municipales en servicios sociales que traerá la reforma.
Hasta ahora, explica el texto, era privada la prestación de determinados servicios, de algunos programas, en función de cada ayuntamiento, pero la reforma potencia la gestión privada integral, con el argumento de la prioridad de criterios económicos y la sostenibilidad, si bien no determina de qué criterios se trata. 
"Todos sabemos que lo privado no tiene por qué ser más barato que lo público, como se ha demostrado con el sistema sanitario", afirmó la presidenta del Cgts, Ana Lima, quien insistió en que el acceso a los derechos sociales quedará supeditado a los intereses de las empresas. 
La presidenta de los trabajadores sociales españoles manifestó también su temor a que la reforma acabe "con uno de los valores más destacados de la red municipal de servicios sociales, que es la proximidad con las familias". "La ciudadanía va a la puerta del alcalde cuando tiene un problema, no va a la diputación ni a las comunidades autónomas", declaró. 
Por otra parte, los trabajadores sociales alertaron de que la reforma supondrá la eliminación de servicios, ya que con ella serán solo las autonomías las que pagarán su prestación, sufragada ahora también por el Estado y la Administración Local.
Para analizar el alcance de la reforma desde la perspectiva de cada territorio, el Consejo y los colegios profesionales del Trabajo Social celebrarán este sábado una Asamblea General en la que aprobarán también un documento conjunto de rechazo a la modificación legal con argumentos sociales y jurídicos. 


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