Una espesa sombra se cierne sobre la continuidad de los servicios sociales que prestan buena parte de los municipios españoles. La aprobación, el viernes, del proyecto de ley de reforma de la Administración local por el Consejo de Ministros no ahuyenta las inquietudes iniciales.
Los profesionales del sector han traducido el peor escenario esperable de esta ley: 70.000 empleados en servicios sociales, que trabajan para 2,6 millones de beneficiarios, 30.000 plazas en residencias de la tercera edad y mecanismos muy extendidos de ayuda a domicilio corren peligro...........
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