La política de recortes sociales anunciada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla-La Mancha ha llegado también a la atención a las víctimas de violencia de género. Así, un total de 85 centros de información, sensibilización y atención a la mujer y 13 casas de acogida para mujeres maltratadas cerrarán sus puertas a partir del próximo 1 de enero, según alertó ayer la directora del Insituto de la Mujer, Teresa Blat, en una jornada sobre violencia económica organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Otros servicios de urgencias especializados también se verán afectados por el tijeretazo y cerca de 500 trabajadores pueden empezar el 2012 engrosando las listas del paro.
Los recortes presupuestarios han supuesto una reducción de 9,8 millones de euros en la partida destinada al Instituto de la Mujer de la comunidad. La directora de este organismo, Teresa Novillo, remitió el pasado martes una carta a los centros afectados en la que les informaba de esta medida. "Dada la coyuntura económica que hemos heredado y en la que actualmente nos encontramos, y que necesariamente nos obliga a racionalizar la financiación que desde el Instituto de la Mujer se realiza para el mantenimiento de estos recursos [...] el actual convenio de colaboración no va a ser prorrogado desde este instituto", reza el documento.
Y esa fue la única explicación que recibieron. "Nos han notificado que nuestro contrato finaliza el 31 de este mes. A partir del 1 de enero se dejará sin recursos a una población vulnerable, especialmente a las mujeres que viven en el ámbito rural y no tienen posibilidad de desplazarse a otros lugares para recibir ayuda", denunció ayer Yolanda Amores, trabajadora del Centro de la Mujer Mancomunidad de la Mancha (Ciudad Real).
Ella es psicóloga y atiende, junto a otros tres compañeros, a más de 350 mujeres de siete municipios de la provincia. "¿A dónde las derivamos? ¿Quién va a hacer el seguimiento de las mujeres que utilizan la teleasistencia? Ni siquiera nos han dado una alternativa", protestó.
"Estamos ante una situación dura e injusta, que supone un ataque a los derechos de las mujeres", denunció también Teresa Blat, quien especificó que sólo en las casas de acogida se alojan unas 96 mujeres. Muchas, además, tienen a sus hijos con ellas.
"¿Qué hacemos con ellas, las echamos a la calle?", se preguntó María [nombre ficticio], miembro de una asociación de atención a víctimas de violencia de género de Albacete. Ellas llevan ya tiempo sin recibir subvenciones y han tenido que abandonar el local en el que trabajaban. "Nuestro trabajo de diez años está desapareciendo en meses", lamentó María. "El PP culpa al Gobierno anterior de [José María] Barreda (PSOE), pero ellos tampoco han pensado soluciones que no perjudiquen a la mujer", sentenció.
Ambigüedad
Desde el Instituto de la Mujer regional, en cambio, aseguran que "se buscarán nuevos mecanismos para el mantenimiento del servicio" como la elaboración de un nuevo instrumento jurídico que "permita seguir prestando a todas las mujeres de Castilla-La Mancha un servicio de máxima calidad". "Para el Gobierno regional sigue siendo prioritario continuar trabajando por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y por la erradicación de la violencia de género", concluyen en la carta.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla-La-Mancha, Leandro Esteban, también justificó ayer la decisión de suprimir los convenios con los centros, informa Efe. "La atención a las víctimas no sólo se va a mantener, sino que se va a mejorar y con bastante menos dinero público", declaró.
"Ese anuncio es algo muy ambigüo", apostilló Amores, psicóloga del centro de Ciudad Real. "Además, hemos pedido explicaciones al Gobierno y aún no hemos obtenido respuesta", concluyó.
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