Las diferentes Asambleas Provinciales de Profesionales de los Servicios Sociales nos encontramos perplejos e indignados por lo que consideramos el exterminio del Sistema Público de Servicios Sociales en nuestra región, que está siendo perpetrado la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El denominado PLAN DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS con su estudiada repercusión mediática, supone una pequeña parte de la totalidad de medidas que por acción u omisión atentan directamente contra los derechos sociales de la ciudadanía. La gran mayoría de los servicios y prestaciones del ámbito de lo social en Castilla La Mancha se realizan mediante subvenciones y convenios anuales cuya financiación es competencia exclusiva de la Junta de Comunidades. Los retrasos, impagos o supresión de dichos convenios suponen graves dificultades de gestión y la supresión de gran parte del Sistema Público de Servicios Sociales, con el consiguiente perjuicio de una gran parte de la población que se beneficia de los recursos y prestaciones que hasta el momento proveía. (sigue leyendo)
Es especialmente alarmante la falta de información sobre las medidas a adoptar por el gobierno regional, tanto a profesionales como a usuarios/as y al resto de agentes sociales y queremos hacer hincapié en la forma en la que están llevando a cabo dichas medidas, sin previo aviso, de un día para otro y sin tener en cuenta el perjuicio para los y las profesionales y usuarios y usuarias. Entendemos que el incumplimiento de los compromisos económicos por parte de la Junta hacía Ayuntamientos, ONG´s, asociaciones y/o empresas privadas que dependen de su financiación y que a duras penas consiguen prestar los servicios conveniados con la Junta, afecta a un elevado porcentaje de la población, los más desfavorecidos, los más afectados por la situación actual por la que atraviesa el país. Gracias a la sensibilidad, entrega y vocación del amplio colectivo de profesionales de lo social, que aguantan estoicamente, en muchos casos sin saber cuándo van a cobrar, los servicios se siguen prestando. La situación ha llegado al extremo que los organismos citados anteriormente prescindirán de muchos de los programas y proyectos a partir del 1 de Enero del 2012, así como de la gran mayoría de los y las profesionales que los desempeñaban. Esa es la realidad sobre el mantenimiento de los Servicios Sociales Básicos.
Entre los colectivos afectados se encuentran nuestros mayores, menores en riesgo y en desamparo, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes, personas con discapacidad, en situación de dependencia, en riesgo de exclusión social y sin hogar. En definitiva la gente que más necesita un Sistema Público de Servicios sociales en tiempos de crisis económica, crisis de la que no son ni mucho menos responsables.
Como profesionales de los Servicios Sociales, nos vemos en la obligación de denunciar públicamente, no solo el gran número de despidos y recortes, tanto salariales como en condiciones laborales, sino el ataque directo a los colectivos que se constituyen como el sector más desfavorecido. A todos ellos queremos expresar nuestra solidaridad y ofrecer el apoyo de los y las profesionales en este ostensible recorte de sus derechos.
Por todo ello exigimos a los Poderes Públicos y en concreto a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que redirija su política de recortes hacia las grandes fortunas, especuladores, bancos, fraude fiscal y privilegios de la clase política ya que ha sido ellos los que se han beneficiado en épocas de bonanza económica y no los y las trabajadores y trabajadoras de la Administración en cualquiera de sus sectores. Todos ellos constituyen los verdaderos privilegiados en los tiempos que corren.
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