CARTA ABIERTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS EN CASTILLA-LA MANCHA

Soy Juan Carlos Muñoz, actualmente Trabajador Social en la zona PRAS de Fuentealbilla, en Albacete. Antes, Trabajador Social del PRAS en Guadalajara y Trabajador Social en Fundaciones, ONGs, asociaciones y ayuntamientos. He desarrollado mi profesión en Salamanca, Ciudad Real, Murcia, Toledo, Guadalajara y Albacete. He trabajado para la Junta y en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde hace ya 12 años. Nunca he sido jefe de nada ni me lo han ofrecido (también es verdad que nunca hubiera aceptado), pero sí que he sido responsable y he participado de la puesta en marcha de numerosos proyectos, recursos y centros de Servicios Sociales, siempre en equipos multiprofesionales.

 Me gustaría expresar mi opinión no sólo sobre la situación actual de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, si no sobre las razones que nos han llevado a esta situación; aún siendo consciente de lo poco correcto políticamente que es no defender que la culpa de todos nuestros males los tiene Cospedal.

Lo que está haciendo desde que llegó al poder el PP en Castilla-La Mancha es desmantelar el Sistema Público de Servicios Sociales. Esto es un hecho y es una auténtica barbaridad de consecuencias muy crueles para personas, familias y colectivos, que traerá, entre otras cosas, un aumento incalculable de la violencia en todas sus dimensiones y formas. No hace falta demostrar que ante la ausencia de prevención y de intervención social, sólo queda el conflicto; y lo mismo pasa si suprimimos la intervención y la prevención familiar o personal, pues sólo quedarán el conflicto familiar y personal.

Pero debemos llamar a cada cosa por su nombre para no volver a caer en errores garrafales que han permitido llegar a esta situación con una facilidad increíble. Desde que entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, joya de la corona del equipo de gobierno de Barreda, (el 1 de julio de 2011, publicada el 1 de enero de 2011), no trabajo en los Servicios Sociales Básicos, si no en Atención Primaria. Este hecho deja abierta la puerta a que cualquiera llame “Servicios Sociales Básicos” a los centros educativos y sanitarios, ya que nuestra Ley nos lleva a la terminología de la asistencia y el modelo médico, en los orígenes y la prehistoria del Trabajo Social. Y nadie se escandaliza cuando desaparece algo que no es “básico”.

Cuando a principios del pasado año asistimos en las 5 provincias a un despliegue preelectoral de presentación de la nueva Ley de Servicios Sociales (en Albacete creo recordar que fue en el mes de febrero), éramos muy pocas personas las que estábamos intentando llamar la atención de nuestros compañeros y compañeras y denunciar lo que por desgracia estamos viendo que está pasando ahora. Por entonces, y por escrito, decíamos:

“Que en los últimos años estamos asistiendo al desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales mediante la falta de inversión pública suficiente para su mantenimiento.

Que la responsabilidad de este desmantelamiento recae sobre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha principalmente y también en otras administraciones, como ayuntamientos, mancomunidades y Diputaciones Provinciales. Que la falta de disponibilidad presupuestaria supone el no poder garantizar los derechos de los que hablan las distintas leyes y normas legislativas.

Que estamos en contra de la privatización progresiva de los servicios, así como de la futura dependencia de la iniciativa privada para el mantenimiento de servicios.

Que la mejor forma de organizar los Servicios Sociales y hacerlos eficaces es la de dotarlos de un Sistema Público independiente de otros (sanidad-educación), y no subordinado a estos otros sistemas...”

No hace falta ser adivino para ver por dónde iban encaminadas las políticas de la Junta de Comunidades, pero a veces parece que todos los males de los Servicios Sociales aparecen en mayo de 2011; y desde esa fecha, desgraciadamente, sólo se han ido agravando.

Los males del Sistema Público de Servicios Sociales vienen de hace unos cuantos años. Algunos supusimos en su día que la “Ley de Dependencia” supondría reducir los Servicios Sociales a la atención de las personas dependientes al no haber un marco de Ley de Servicios Sociales Generales que garantizara prestaciones y derechos universales. Faltan sólo dos pasitos más para que así sea.

La nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, debería haber traído la consolidación de servicios, prestaciones y profesionales; pero no sólo no es así, si no que se desmantela el Sistema Público sin necesidad de cambiar ni una sola coma de dicha Ley: desaparecen figuras profesionales, no existen ratios de atención profesional… en fin, que aún se puede seguir recortando lo muy poco que queda.

Los recortes en la Ley de Dependencia y en el presupuesto de los Servicios Sociales Básicos no son nuevos. Zapatero ha sido quien primero recortó las prestaciones de la Ley de Dependencia, así que cuando sea Rajoy quien lo haga, será un nuevo recorte sobre lo recortado. Y en la situación castellano-manchega pasa algo parecido: el PRIS (Plan Regional de Integración Social), por ejemplo, estaba ya desde hace 7 años en situación de “prorroga” (estado que permite exterminarlo en cualquier momento que interese políticamente) y en La Manchuela, por ejemplo, en los últimos tres años antes de la llegada de Cospedal, el dinero para actividades de los Servicios Sociales Básicos se había recortado en un 71%, desaparecieron 7 profesionales del equipo del área el 1 de enero de 2011 y otros 7 en lo que llevamos de 2012.

Teníamos (y mantenemos y probablemente reforcemos) un Sistema Público basado en convenios con administraciones locales, fundaciones, asociaciones, ONGs, empresas y bancos para la prestación de Servicios Sociales Básicos, lo que permitía (permite) deshacerse de recursos, profesionales y programas con una facilidad pasmosa en cuanto llega el 31 de diciembre de cada año. Se hace difícil que alguien con capacidad de decisión política pueda inventar algo nuevo en cuanto a la privatización  y desmantelamiento de los Servicios Sociales Públicos y de calidad, si no más bien, el camino que queda es ahondar en lo mismo; hacer lo mismo, pero más rápido. Y no digamos nada en lo que se refiere al protagonismo de la iglesia católica en la atención de personas y colectivos y en la firma preferente de todo tipo de convenios para la gestión de recursos sociales públicos: sólo se puede esperar más de lo mismo, y a estas alturas, somos muchos los que pensamos que ya es demasiado.

Estábamos trabajando para una administración en la que en los últimos años habían desaparecido ayudas económicas (eliminación de barreras arquitectónicas, por ejemplo) y las que quedaban, estaban muy mal dotadas económicamente, compaginadas con otras ayudas con tufillo a limosna que no solucionaban la situación ni el día a día de nadie (400 euros/año para las viudas, por ejemplo). Todo esto aderezado con retrasos injustificados y deliberados en la gestión y tramitación de las ayudas (si bien es verdad que ahora están completamente paradas). ¿Cuántas ayudas económicas de emergencia adelantó Cáritas en 2010 y 2011 a familias cuyos expedientes habían sido aprobados en la Delegación de Bienestar Social y que no podían esperar meses a recibir el dinero aprobado para no ser desahuciados o tener algo con lo que alimentar a sus hijos sólo en la provincia de Albacete? Muchos, seguramente cientos. Y sólo la existencia de 2 o 3 hubiera sido suficiente para comprobar que el sistema no estaba funcionando correctamente.

Otro ejemplo: desde hace unos 5 años los convenios de Ayuda a Domicilio Básica no se amplían, por lo que había personas que podían esperar durante meses para poder acceder a un servicio al que tenían derecho. Por cierto, la Ayuda a Domicilio Básica u Ordinaria ya no se llama así, si no que se llama “no vinculada a la dependencia” y no se garantiza en la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha: ¿alguien aún piensa que no tenía sus días contados esta prestación?

Ante esta situación, los Trabajadores Sociales y los demás profesionales de los Servicios Sociales Básicos hemos permanecido (en general, como colectivo) callados y en la mayoría de los casos, justificando las decisiones de los responsables de la Consejería que suponían una merma en las prestaciones y servicios que llegaban a la ciudadanía: recortando, por ejemplo, en nuestras programaciones de forma previa las actividades y recursos necesarios porque así se indicaba desde las jefaturas correspondientes. Se nos ha ido olvidando que nuestro deber fundamental como profesionales es el de defender los derechos de la ciudadanía y hacer que la legislación vigente se cumpla en todos los casos (denunciando que no sea igual en las zonas rurales que en las ciudades) y nos hemos dejado llevar por una actitud de “funcionario” servil a las órdenes del jefe de turno (por supuesto no ha sido así en todos los casos, pero si en la mayoría de ellos). Hemos sido parte del problema cuando nuestra obligación era ser parte de la solución.

Y la solución no es pasar a gestionar beneficencia ni comportarnos como simples gestores de recursos económicos para individuos y familias, si no empezar de una vez a ser profesionales con todo lo que ello implica, también de denuncia social y de articulación de la organización de la sociedad para defender sus intereses. No debemos confundir nuestras obligaciones profesionales con la labor “militante” más o menos cercana a una ONG o parroquia que cada cual puede desarrollar como ciudadano, pero no en horas de trabajo.

La mejora de la actual situación no pasa porque haya o no una convocatoria económica más o menos, si no por dignificar los Servicios Sociales y la labor de todos los profesionales. Por dignificar las profesiones y nuestro desempeño profesional. Por tener los recursos y medios que necesitamos para atender a todas las personas: también las de los municipios más pequeños, algo que jamás hemos estado cerca de conseguir. Nunca todos los ciudadanos han tenido acceso a los mismos recursos ni han visto efectiva la posibilidad de ejercer todos sus derechos.

No hemos sabido defender la posibilidad de organizarnos y hemos dejado que ni siquiera seamos convocados ya en plenarios profesionales provinciales. Nos han dividido y hemos renunciado a la posibilidad de ser fuertes. Han ofrecido galones de capataces a algunos Trabajadores Sociales y estos han empezado a comportarse como jefes de sus propios compañeros, justificando incluso que desde la Junta se nos trate de muy diferente manera a Trabajadores Sociales, Educadores, Animadores, Mediadores…; desde hace muchos años, ellos son prescindibles por convenio, pero nosotros no.

¿Alguien se acuerda de que existen los códigos deontológicos y de que los Trabajadores Sociales tenemos uno, o del Código Ético de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales?

Efectivamente, estamos asistiendo a los últimos pasos del desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales. Es una barbaridad absoluta. Algunos estamos dispuestos a seguir defendiendo lo que creemos que es mejor y más justo para todas las personas y damos la bienvenida a quienes hasta ahora no habían visto ni un solo defecto al Sistema Público de Servicios Sociales.

Juan Carlos Muñoz Riesco. Trabajador Social. Actualmente en el PRAS de Fuentealbilla.

Albacete, 5 de marzo de 2012.