Los municipios deben «justificar» el 'gasto social' para las subvenciones

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Carmen Balfagón asegura que «la Junta de Comunidades garantizará los servicios que sean básicos» una vez que vea en las memorias dónde ha ido a parar el dinero recibido hasta ahora

Carmen Balfagón.

Tomás Fdez. de Moya 

R. Santamarta 

Los ayuntamientos tendrán «garantizados» los servicios sociales. Eso sí, «los básicos» una vez que el Gobierno regional haya revisado la memoria de los convenios de cara a su renovación, a la redacción de unos nuevos acuerdos. «Para conceder nuevas subvenciones, tendrán que justificar lo que han hecho con el dinero recibido hasta ahora», expresó ayer rotunda la secretaria general de Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Balfagón Lloreda, en el marco de la clausura de un taller para cuidadores de personas con mal de alzhéimer.

Ante la posibilidad de que algunos ayuntamientos dejen en manos del Ejecutivo de Cospedal la gestión de residencias y centros ocupacionales, entre otros recursos, Balfagón apeló a su responsabilidad al señalar que «eso nunca será un problema de la Junta». «Sólo queremos saber en qué se ha empleado el dinero percibido, para poder garantizar los servicios asistenciales de acuerdo con los ayuntamientos», reiteró al respecto.

Según el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, en la localidad desaparecerán a partir de enero hasta trece servicios «por voluntad de la Junta»: Alcazul, ludotecas, el apoyo a la infancia a temporeros, el Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia, el transporte adaptado, el apoyo psicológico a asociaciones como AFA, Arav, Apafes y Rosae, la terapia ocupacional a domicilio para mayores, el Centro de la Mujer, el servicio Kanguras, el apoyo emocional a personas mayores dependientes y el Plan Local de Drogas. 

De igual modo, el primer edil de Piedrabuena, José Luis Cabezas, adelantó ayer el despido «del 30 por ciento de la plantilla del Consistorio» que gobierna ante el impago de los convenios del Gobierno regional en materia de servicios sociales: un total de 12 personas.

Los ayuntamientos se encuentran «asfixiados» por los impagos de administraciones como la regional, una situación «insostenible», según de el presidente de la Diputación Provincial, Nemesio de Lara, que pone en verdaderos apuros prestaciones como la ayuda a domicilio que podrían ser devueltas a la Junta.

Asimismo, Nemesio de Lara ya adelantaba a principios de este mes de diciembre que los ayuntamientos podrían pedir a los usuarios que pagaran por el servicio, pero que, si esto no ocurre, no les quedaría más remedio que renunciar a la gestión de los servicios.